América Latina, y particularmente Centroamérica y el Caribe, atraviesa un contexto sociopolítico complejo marcado por la desinformación, polarización, y una creciente insatisfacción ciudadana. El mapa de riesgos 2025 del Foro Económico Mundial elaborado por Marsh ya lo advertía, demostrando así, como la confianza en las instituciones se ha convertido en un termómetro para medir la salud de los sistemas políticos.

En el reciente estudio “El Valor de la Confianza”, elaborado por DATOS GROUP y PIZZOLANTE en alianza con la revista Estrategia y Negocios, se presenta una clara radiografía de cómo perciben los ciudadanos a sus gobiernos, empresas, líderes e instituciones. Los hallazgos no solo describen el hoy, sino que también nos permite abrir un debate sobre la estabilidad, legitimidad y prosperidad de la región.

Uno de los resultados más contundentes es la creciente desafección hacia las instituciones tradicionales. Para muchos, sobre todo para los encuestados más informados, las empresas privadas lideran en niveles de confianza, seguidas paradójicamente por la opción de “Ninguna”, reflejo de un vacío institucional alarmante.

Para el público general de la encuesta la tendencia es aún más clara, cuando el 16,7% señala que no confía en ninguna institución, y solo después aparecen y en este orden las siguientes: la Iglesia Católica, las empresas privadas, la Iglesia Evangélica y las Universidades.

Los matices nacionales también sorprenden. En El Salvador, por ejemplo, la confianza recae en el Gobierno; en Costa Rica, en las universidades; y en Nicaragua, en la Iglesia Católica. Esto pareciera revelar un problema estructural de legitimidad, donde amplios sectores no encuentran referentes confiables para canalizar sus demandas.

Un hallazgo que por demás inquieta es la bastante rezagada posición de los medios de comunicación social a lo largo de región, un sector que resulta vital frente a los riesgos derivados de la desinformación y los fake news, pierde terreno. La incapacidad de los medios para posicionarse como actores creíbles, erosiona la calidad del debate público y golpea fuertemente uno de los pilares de la democracia, el acceso confiable a la verdad.

Sin medios que informen con suficiente rigor y ética, las sociedades quedan a merced de rumores y manipulaciones, abriendo espacio, como bien a escrito sobre ello el autor Moises Naim, al populismo, la polarización y la posverdad. Recuperar la confianza perdida exige un periodismo comprometido con la transparencia y el bien común.

El dato tal vez más revelador del estudio es el liderazgo de las empresas, en especial las familiares como principales generadoras de confianza. El 71% del público informado confía más en las empresas familiares, frente apenas al 21,7% que confía más en las no familiares. Por su parte, en los encuestados del público general, un 52,5% se inclina también por las empresas familiares en términos de confiabilidad.

Esto dice mucho de esa percepción de cercanía, continuidad y compromiso local que transmiten estas organizaciones de carácter familiar. Tambien hay diferencias en cuanto al alcance geográfico con variaciones entre las empresas regionales, globales o nacionales, donde los informados privilegian a las regionales y el público general las nacionales.

Sin embargo, y más allá de estas divergencias, el mensaje es claro: las empresas están ocupando un espacio que antes pertenecía a instituciones públicas. El fenómeno es consistente con lo que el Edelman Trust Barometer año tras año confirma en otras regiones estudiadas en el mundo, donde las empresas resultan más confiables que las instituciones.

Ahora bien, esta creciente confianza en el sector privado plantea profundos dilemas. ¿Pueden las empresas sustituir el papel del Estado en la construcción de bienestar y cohesión social?, ¿Corresponde a ellas?, ¿estas expectativas son razonables? Si bien el liderazgo empresarial es clave, una confianza desmedida puede ser muy peligrosa. Por una parte, eximir al Estado de su responsabilidad de fortalecer la democracia y prestar servicios públicos adecuados abre la puerta a desequilibrios y expectativas insatisfechas, y por otra sobrecarga a las empresas de responsabilidades aparentes que no le resultan propias y que no están en capacidad económica, filosófica u operativa de satisfacer.

La región enfrenta entonces un reto estructural, como recuperar la legitimidad de las instituciones democráticas mediante mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para hacer lo que les corresponde según su propia naturaleza.

Es importante señalar que, como quiera que sea, las empresas ya no son vistas únicamente como generadoras de beneficios económicos sino como actores sociales con responsabilidades éticas y sociales. El 69% de los ciudadanos a nivel global espera, según Edelman, que los CEO lideren el cambio social en ausencia de gobiernos eficaces. Esta expectativa redefine el rol empresarial, pues ya no basta con ser rentables, ahora se exige construir confianza social, cohesión comunitaria y sostenibilidad.

Para Centroamérica y la región, esto implica que las empresas, en especial las nacionales, familiares y regionales, deben asumir su capital de confianza como un compromiso activo, invirtiendo en empleo digno, sostenibilidad y responsabilidad social; construyendo alianzas público-privadas para mejorar servicios públicos; inspirando integridad organizacional y promoviendo el diálogo con la sociedad civil, siendo así también, referentes de ética y transparencia en entornos frágiles.

Enfrentar la crisis de confianza institucional actual, esa que trasciende la reputación y afecta la funcionalidad misma de los sistemas de gobierno, supone comprender como la pérdida de legitimidad debilita el contrato social, erosiona la participación y abre la puerta a liderazgos autoritarios, y en medio de este panorama, las empresas representan un capital extraordinario de confianza, pero no para sustituir el rol del Estado, sino para contribuir a regenerarlo.

La confianza no se decreta, se construye, y en ese proceso, cada actor: gobiernos, empresas, sociedad civil y medios, debe participar activamente para forjar ese futuro de progreso, desarrollo y bienestar compartido que todos esperamos.

***El texto original de este artículo fue publicado por el autor en la revista E&N Agosto 2025***