Hace apenas 48 horas, el 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. La cifra real de fallecidos es aún desconocida, independientemente del conteo que a esta hora dice ir por unos 920 fallecidos, más de 3,360 heridos y mas de 4,000 familias damnificadas. Todos sabemos que esas cifras serán mayores. Hay alrededor de 40,000 personas que aún no han sido ubicadas. Los sismos provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos, incendios por fugas de gas y pánico generalizado en la población. La tierra tembló, pero lo que quedó expuesto no fue solo el suelo o los esqueletos de algunos edificios.

Las catástrofes naturales tienen esa brutalidad particular de no mentir. Cuando la tierra tiembla, los discursos hacen silencio y lo que queda son los hechos concretos. ¿Cuántos cuerpos de rescate llegan a atender la emergencia?, ¿en cuánto tiempo?, ¿con qué equipos?, ¿cuántas vidas pudieron salvarse a tiempo por ello? Es en ese instante, donde el Estado se desnuda ante sus ciudadanos, allí es que se mide a si mismo en su capacidad de atenderlos en el momento de mayor vulnerabilidad.

Más de 380 edificios colapsados y más de 1400, entre residenciales, hospitales y centros comerciales, resultaron severamente afectados. Pero mucha de esa infraestrutura, seguramente no colapsó solo por la fuerza de los terremotos, colapsaron también por años de abandono, por la ausencia de mantenimiento, por códigos de construcción que existían en el papel, pero no en la obra. En Venezuela, el deterioro de la infraestructura no es un dato técnico, es la consecuencia visible de un modelo de gestión que durante décadas priorizó el control político sobre el bienestar ciudadano.

Al momento de estos terremotos, casi ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban ayuda humanitaria. El jefe de operaciones humanitarias de la ONU advirtió que “este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes”. Dicho de otro modo, el terremoto no llegó a un país en condiciones para enfrentarlo. Llegó a un país que ya estaba en emergencia, con hospitales sin insumos, desasistidos y con una dotación insuficiente, además, llega también en un país cuyas autoridades se ocuparon sistemáticamente de desmantelar la estructura de ONG´s existentes, esas que hoy servirían de canal, con su experiencia, para poder llevar la ayuda humanitaria a quien más la necesita.

Venezuela no es un país ignorante de su propia realidad sísmica. Está ubicada sobre una de las zonas de mayor actividad tectónica del continente, y su historia registra terremotos devastadores con una regularidad que debería haber impuesto una cultura permanente de prevención. Los terremotos más fuertes en tiempos recientes fueron los de Cariaco en 1997, en el que vimos el desplome de una escuela que conmovió el corazón de todos los venezolanos, y anterior a ese, el de Caracas en 1967. La lección la hemos recibido varias veces, pareciera que nos ha faltado la voluntad de aprenderla.

La gestión del riesgo no es un lujo de países ricos. Es una decisión política que se toma mucho antes de que ocurra la tragedia, se expresa en los presupuestos destinados a reforzar estructuras vulnerables, en los planes de ordenamiento territorial que impiden construir en zonas de riesgo (como lo vimos en el deslave de Vargas en 1999), en los sistemas de alerta temprana que dan segundos vitales a la población, en el equipamiento de los bomberos y cuerpos de rescate, en la infraestructura hospitalaria, en los simulacros que enseñan a las comunidades a cómo actuar. Todo eso requiere inversión, planificación y, sobre todo, un Estado que considere la vida de sus ciudadanos como su prioridad número uno.

Los terremotos alcanzaron intensidades de hasta IX en la escala de Mercalli, categoría en la cual pocas estructuras permanecen en pie y mucha infraestructura queda destruida. Ante una sacudida de esa magnitud, ningún país sale ileso, y la diferencia entre una tragedia y una catástrofe evitable es la prevención. Cuando un gobierno no invierte en mitigar riesgos, no está cometiendo una omisión técnica, está tomando una decisión sobre quiénes son prescindibles.

Y, como si eso no fuese suficiente, está la capacidad de respuesta inmediata. En cualquier país con instituciones funcionales, las fuerzas armadas son el primer gran instrumento del Estado ante una catástrofe nacional. No porque la guerra y el rescate sean lo mismo, sino porque el ejército posee lo que ningún otro organismo civil tiene en abundancia en las primeras horas críticas: logística, equipamiento pesado, capacidad de despliegue, cadenas de mando claras y disciplina operativa. Las primeras 72 horas tras un terremoto son la ventana de oro para salvar vidas, y ninguna institución está mejor preparada para actuar en ese plazo que unas fuerzas armadas entrenadas, equipadas y subordinadas al ciudadano a quien se supone deben proteger.

Sin embargo, en Venezuela no fue así, y uno de los indicadores más reveladores de la capacidad estatal ante la emergencia ha sido su propia incapacidad de respuesta, de allí el apoyo obligado en el auxilio de la comunidad internacional. Lo que ocurre en Venezuela es lo contrario al deber ser, mientras el mundo moviliza a sus militares y equipos de rescate hacia el país, La Fuerza Armada Nacional Bolivariana brilló por su ausencia en las horas más decisivas.

Ante la emergencia, el Comando Sur de Estados Unidos desplegó aeronaves para apoyar el traslado urgente de personal de respuesta, equipos y asistencia humanitaria, la Armada Argentina preparó personal especializado, binomios perro-guía y brigadas de localización de sobrevivientes, México ha enviado a sus “topos”, República Dominicana, Chile y El Salvador han enviado rescatistas, equipamiento e insumos. Alemania ofreció hasta seis aviones militares de transporte A400M, y la ayuda sigue llegando de Suiza con una misión que moviliza a 80 especialistas, 8 perros de búsqueda y 18 toneladas de equipo, desde Unión Europea han previsto asistencia de varios países incluyendo a España y Portugal, en total son más de 17 países al momento, los que están movilizando sus fuerzas armadas y/o de rescate para ir en ayuda del pueblo venezolano.

La Fuerza Armada Nacional, que durante años fue financiada y expandida, no exactamente para proteger al pueblo, reveló su inoperancia al enfrentarse a la hora del verdadero servicio, y no llegaron. Por eso, hay una diferencia fundamental entre un gobierno que gestiona para el ciudadano y uno que gestiona sobre el ciudadano. El primero invierte en prevención, en infraestructura resiliente, en sistemas de alerta y respuesta, y en unas fuerzas armadas que sean genuinamente un escudo para el pueblo. El segundo invierte en lealtades y aparatos de control para la perpetuación en el poder.

Venezuela no es un caso aislado, pero es un caso extremo que ilustra una gran verdad. El desastre y sus consecuencias, en enorme medida, son el resultado de la desidia ejercida durante años y décadas. La resiliencia de una sociedad ante el colapso no se improvisa en la noche del terremoto, se construye o se destruye, en cada presupuesto, en cada política pública, en cada decisión de a quién se protege y a quién se abandona.

Escribo en buena parte para desahogar la ansiedad, la tristeza y la impotencia que me genera, no solo la situación, sino ver a mi país desatendido y tan dependiente de la caridad pública internacional, países a quienes agradecemos profundamente el apoyo pues, aunque parezca mentira, han movilizado recursos humanos y técnicos más rápido que el propio gobierno nacional.

Y no deja de sorprenderme como, en estas circunstancias, se saca lo mejor y lo peor de cada ser humano. Aquellos que de forma irrestricta se abalanzan a apoyar de forma solidaria, y aquellos inescrupulosos que tratan de sacar provecho personal; desde algunos “espontáneos” que promueven el saqueo a una farmacia, hasta quienes procuran monopolizar los flujos de donaciones e insumos en centros de acopio, esperando tal vez, ver engrosar sus beneficios a partir de los apoyos que se están recolectando en el país y en el mundo entero. Cuanto daño hacen.

La tierra habló el 24 de junio y el Estado respondió con lo que tenía. Y lo que tenía, material y moralmente, lo dice todo. En este espejo donde vemos nuestra propia calamidad, espero que ningún país de la región tenga que verse reflejado el día de mañana.

Foto: AFP