El 24 de junio, día feriado en Venezuela por conmemorar la batalla que marcó la independencia en 1821, la tierra tembló dos veces con fuerza catastrófica. Pero ese mismo día, horas antes de que el suelo se moviera, el Financial Times publicaba que Venezuela se preparaba para revelar una deuda externa de 240.000 millones de dólares, en lo que se perfila como la mayor reestructuración soberana de la historia. Dos noticias devastadoras en un mismo día. El país entró al peor terremoto de sus últimos 125 años cargando con el mayor default del hemisferio occidental.

El impacto del movimiento telúrico fue estremecedor. A esta hora van cerca de mil fallecidos, más de 50.000 desaparecidos y 6,8 millones de venezolanos en riesgo directo. Pero detrás de esos números hay algo que las estadísticas no dejan ver, el drama humano bajo esas cifras, la imagen de Yosey Escalona, por ejemplo, coordinando a las personas que conviven bajo una carpa de lona en un polideportivo de La Guaira, buscando entre montículos de ropa donada algo que ponerse, o los voluntarios sacando escombros con las manos frente a la ausencia del Estado.

Los que sobrevivieron llegaron a hospitales sin insumos, sin personal suficiente, con infraestructura deteriorada. El sistema de salud ha sido diezmado durante años, mientras la arquitectura legal impuesta cerraba el espacio a las ONG humanitarias que hoy serían canales esenciales de respuesta. Las mismas organizaciones que el régimen expulsó o persiguió son exactamente las que hacen falta ahora. Venezuela ya tenía una diáspora de más de ocho millones de personas. Ahora enfrenta también un desplazamiento interno masivo, familias que perdieron no solo sus hogares, sino el tejido completo de su vida cotidiana: su trabajo, su comunidad, su red de apoyo. Cada una de esas familias es una historia de desarraigo, historias que determinan, más que cualquier política macroeconómica, si un país se recupera o se hunde.

Amnistía Internacional advirtió que el desastre agrava una crisis de derechos humanos ya severa y prolongada, y exigió el levantamiento inmediato de las restricciones a la prensa y las redes sociales, señalando que el impacto de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas. En medio de una emergencia donde localizar a un desaparecido depende de poder comunicarse, el Estado aún bloquea plataformas digitales como la red social “X” o algunas páginas web informativas, con ello no está cometiendo un exceso burocrático, está nuevamente eligiendo el control por encima de la vida.

Para entender la magnitud de lo que viene, hay que dimensionar el punto de partida. El propio gobierno venezolano estimaba su PIB en torno a los 100.000 millones de dólares, frente a los 370.000 millones de 2012, último año del gobierno de Hugo Chávez. En poco más de una década, Venezuela destruyó dos tercios de su economía al priorizar el poder sobre el bienestar. Sobre esa base ya fracturada, la inflación llegó al 600% anual al cierre de 2025 según Ecoanalítica. Un salario mínimo formal de apenas 50 centavos de dólar que, aunque con bonos diversos el ingreso integral llegue a los 240 dólares, todavía es menos de la mitad del costo de la canasta básica. La pobreza alcanzaría para el cierre del año pasado al 68% de los hogares según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Luego del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro por los comandos del ejército americano, se encendió una chispa de esperanza en el país en torno a un proceso de recuperación. Ecoanalítica proyectaba un crecimiento del PIB de entre 10% y 12% para 2026, con ingresos en divisas que podrían llegar a los 35.000 millones de dólares. El país comenzaba tímidamente a respirar, hasta que el 24 de junio le produjo el equivalente a un paro cardiorrespiratorio.

La ONU estima los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB, advirtiendo que el impacto económico total podría ubicarse entre 1,5 y 3 veces ese monto. Especialistas del sector reasegurador citados por Reuters calculan que las pérdidas totales superarán los 10.000 millones. El gobierno respondió anunciando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares provenientes de los 4.500 millones de dólares que Venezuela mantiene en Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional, recursos a los que el país no podía acceder desde hace años y que recuperó en abril de 2026 cuando el FMI reconoció formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez.

Sin embargo, ese monto anunciado es apenas el 2% de lo que se necesita como mínimo, eso es como una gota en el mar. Reconstruir sin caja, sin crédito y con un Banco Central que le perdió el rastro al PIB real hace años no es solo un problema técnico, es el resultado acumulado de más de dos décadas de decisiones deliberadas. Para dimensionar la brecha real, considerando la deuda acumulada, la destrucción económica de la última década y los daños de estos terremotos, Venezuela necesitaría el equivalente a entre dos y tres Planes Marshall en dólares a valor presente. El problema adicional es que el Plan Marshall reconstruyó instituciones que seguían en pie, Venezuela tendría que construirlas, prácticamente, desde cero al mismo tiempo.

Ahora bien, dimensionar la situación política de Venezuela supone comprender a un país que metafóricamente ha soportado un terremoto durante los últimos 27 años, un país en quiebra, con una deuda impagable, la infraestructura destruida y una ciudadanía agotada, todo bajo la mirada escéptica de una comunidad internacional volcada en este momento a la emergencia. Esas son las precarias condiciones con las que opera el gobierno interino, que además no ha podido responder estructuralmente a la emergencia, dejando al país prácticamente a la deriva y dependiente del apoyo internacional.

Previo al terremoto, Venezuela ya registraba más de 1.400 protestas en el primer semestre de 2026, más del doble del total de todo 2025. Una ciudadanía que ya se movilizaba con esa intensidad ahora mira los escombros y no ve al Estado por ninguna parte. Ve brigadas de Argentina, México, España, El Salvador, República Dominicana, Alemania y un largo etcétera. Ve helicópteros con insignias de los Marines. Ve a sus vecinos atrapados bajo el concreto mientras espera una respuesta que no llega con la urgencia que la situación exige.

La viabilidad de cualquier plan de gobierno está atada a una promesa de elecciones aún sin fecha concreta. La oposición las exige para finales de 2026 o inicios de 2027, y la presidenta interina las ha prometido sin comprometerse a ninguna fecha específica. Ahora, el terremoto presiona esa promesa desde dos ángulos opuestos y simultáneos. Quienes quieren más tiempo dirán que la emergencia nacional exige estabilidad, y que este no es el momento para procesos electorales. Quienes exigen democracia dirán que precisamente esta tragedia demuestra por qué Venezuela necesita urgentemente un gobierno con legitimidad plena, capaz de movilizar recursos, atraer inversión y reconstruir instituciones. Ambos argumentos tienen su razón, pero esa tensión no se resolverá en el corto plazo.

La paradoja más dolorosa es que la misma calamidad que refleja con claridad las décadas de desidia al priorizar el poder por encima del bienestar, podría convertirse en el argumento para postergar el momento que todos los venezolanos esperamos, un proceso electoral transparente y definitivo que enrumbe al país hacia una verdadera oportunidad de reconstrucción, ahora además, en sentido literal. Si eso no ocurre, el terremoto no solo habrá destruido edificios y familias, habrá destruido también la posibilidad de toda una nación.

Venezuela no enfrenta una crisis, enfrenta la convergencia de tres en una sola. Ninguna se resuelve sin atacar las otras dos, con instituciones que funcionen, con un liderazgo que rinda cuentas y, sobre todo, con la convicción de que el venezolano, ese de carne y hueso, el que busca ropa en una carpa de lona o trata de encontrar a su ser querido bajo los escombros, es la razón de ser de todo lo demás.

Foto: AP/Fernando Vergara